Tendrían lugar los días 1, 2 y 3 de julio si no se retiran los proyectos de ley en tramitación
Jueces y fiscales de Chiclana, al igual que los del resto de España, se están movilizando para mostrar su rechazo a las reformas del Ejecutivo que modifican el sistema de acceso a ambas carreras y reforman el Ministerio Fiscal para dejar en manos de los fiscales la instrucción reforzando la figura del fiscal general, lo que entienden compromete la independencia judicial y pone en riesgo el Estado de Derecho y la separación de poderes.
Así, tras la jornada de paro del pasado día 11 de junio, la mayoría de asociaciones han convocado para el 28 de junio una concentración ante el Tribunal Supremo, así como tres jornadas de huelga, el 1, 2 y 3 de julio, para forzar la retirada de estos proyectos de ley.
A este respecto, Rafael Herreros, juez decano del partido judicial de Chiclana, ha destacado que las críticas de las asociaciones de jueces y fiscales se centran en cuatro puntos.
En primer lugar, se encuentra el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal que pasarían del actual sistema de oposiciones a una fórmula que, recalca Rafael Herreros, «abarataría el acceso a estas carreras, con pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración», impulsando además «un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales”.
El segundo punto destacado por Herreros alude al proceso de estabilización de jueces y fiscales interinos que realizan labores de sustitución y que no son miembros de las carreras judicial y fiscal y su incorporación iría en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».
Los dos últimos puntos de las críticas a las reformas planteadas por el Gobierno afectan a los fiscales.
A este respecto, el juez decano de Chiclana señala especialmente que «esta reforma legal supondría que los fiscales y no los jueces, serían quienes dirigirían las investigaciones de los delitos, algo que podría suponer que no se investigarán delitos como, por ejemplo, los de corrupción».