La asociación del IBI tiende la mano al PSOE para reducir el déficit municipal

0
125

4 B

T.ARIZA/Chiclana

La Asociación por un IBI real se ha prestado a colaborar con el equipo de Gobierno municipal para hacer frente a la difícil situación económica en la que se encuentra el Consistorio chiclanero. Así lo ha confirmado el portavoz del colectivo ciudadano, Andrés Butrón, tras la ratificación, por parte del grupo municipal socialista y del propio alcalde, del compromiso electoral que ambas entidades firmaron el pasado 11 de mayo de 2015 con vistas a las elecciones municipales.

Así la secretaria local del PSOE, Cándida Verdier, y el presidente de la asociación, José Castilla, han firmado un convenio de colaboración, que ha sido refrendado por el regidor chiclanero, José María Román, en el que se incluyen los cuatro puntos básicos reflejados en el documento rubricado hace ahora un año, en los que se hacía especial hincapié en la revisión de las tasas municipales, en especial el IBI, aunque ambas partes han señalado que “la situación económica actual es diferente a la de entonces”.

En concreto, esta promesa electoral contemplaba la revisión general de los valores catastrales para todo el municipio; la elaboración de un calendario de actuación para la revisión y actualización de todos las ordenanzas fiscales, tasas e impuestos en cada ejercicio del mandato 2015-2019; la elaboración de un plan de actuación para la devolución del IBI cobrado indebidamente a los contribuyentes; y la anulación de la nueva tasa de Basura, aprobada por el Consorcio Bahía de Cádiz. A todo ello se le suma ahora un punto por el que “la asociación tiene conocimiento de la situación real económica y financiera en la que se encuentran las arcas municipales. Por tal motivo Butrón afirma que “desde el grado de responsabilidad que conlleva este conocimiento, prestamos toda la colaboración al equipo de Gobierno para conseguir, en un plazo de dos años, que el déficit, que actualmente se sitúa en 11 millones de euros, se quede a cero”.  Ante esta situación, la asociación por un IBI real señala que “habrá que revisar los valores catastrales del municipio una vez que se tenga aprobado el PGOU y, a raíz de ahí, aceptaremos una subida del IBI sólo si los técnicos municipales lo determinan necesario y en el porcentaje que corresponda de manera coherente”.

No obstante, desde la entidad inciden en que “no se debe buscar siempre la misma fórmula de ingresos, sino que existen otras formas de reducir el déficit, como que se mejore el servicio de recaudación o la reducción de los gastos en los presupuestos municipales”

Por otro lado, cabe recordar que desde la Delegación municipal de Hacienda, su responsable, Joaquín Guerrero Bey, ha reiterado en varias ocasiones que, “debido a la situación en la que se encuentran las arcas municipales, se hace necesaria una subida del IBI”. En este sentido Guerrero Bey señala que “la subida que plantearía el equipo de Gobierno para el próximo año sería pasar del 0,429% que se cobra en la actualidad, al 0,536%, mientras que si el Ayuntamiento es intervenido por el Gobierno central, el IBI pasaría automáticamente al 0,6% por imperativo legal”. Esto, según el concejal de Hacienda, ocurriría si las cuentas municipales llegan a una situación de riesgo financiero que le llevaría adherirse al Fondo de Ordenación. En ese caso el Consistorio quedaría intervenido por el Estado “con la eliminación de subvenciones de las que, actualmente, se benefician ciertos servicios públicos, como es el caso del autobús urbano, con el consiguiente perjuicio para el usuario”.

Tres años luchando por unos impuestos “justos”

5 AEn el año 2007 se llevó a cabo una revisión de los valores catastrales del municipio chiclanero y se determinó una ponencia de valores que entró en vigor el 1 de enero del año 2008. Esta revisión supuso un aumento, a su juicio, “desorbitado” de los valores, llegándose incluso a quintuplicar el valor de muchas viviendas, ya que muchos suelos rústicos pasaron a urbanos.

Esa subida explica, según Butrón, el aumento dela liquidación del IBI, esto es, lo recaudado por el Ayuntamiento, en los años sucesivos, pasando de 15 millones en 2008 a los 29 que llegaron a recaudarse en el año 2013. Es entonces cuando nace la Asociación Iniciativa por una Chiclana y un IBI real, con el fin de frenar esta “alarmante” subida del IBI, en especial, de los valores catastrales de las viviendas que “no se ajustaban, ni se ajustan, a la realidad del mercado inmobiliario ni a la realidad social de la ciudadanía”. De esta manera se solicitó al Ayuntamiento la celebración de un pleno extraordinario sobre el IBI, que se celebró el 28 de enero de 2014, en el que se aprobó, por unanimidad, la realización de una revisión general de los valores catastrales. Sin embargo, según denuncian desde la asociación, el anterior Gobierno municipal no dio cumplimiento al acuerdo plenario y se optó por solicitar a la Dirección General del Catastro una revisión parcial.

Así comenzaron las campañas de protestas y recogidas de firmas, para entregarlas al Ministerio de Economía y Hacienda con las que se solicitaba la reducción de esos valores catastrales. Finalmente el Gobierno central incluyó a Chiclana en un listado de municipios en los que se rebajaron los valores catastrales con vistas al abono del IBI en 2015, de ahí que se produjera el pasado año una bajada tanto en el recibo como en la consiguiente liquidación.

Ahora bien, la subida llevada a cabo en el año 2007 llevó consigo que se cobrara un IBI urbano a fincas calificadas como rústicas, lo que nos lleva a otra de las reivindicaciones de la Asociación, que no es otra que la devolución del IBI cobrado de manera indebida a muchas familias de Chiclana. Desde la Asociación se toma como primera referencia una sentencia emitida en 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que se considera que los valores catastrales existentes en Chiclana, en esa fecha, estaban por encima del valor del mercado, algo que, por Ley, no puede ocurrir. Además, el 30 de mayo de 2014, el Tribunal Supremo dictó una importante sentencia desestimatoria del Recurso planteado por la Administración, en la que se concluye que no es posible calificar catastralmente como urbanos aquellos terrenos que, aunque son urbanizables e incluso están sectorizados, no tienen un instrumento de planeamiento aprobado. En estos casos los vecinos podrían solicitar la devolución del IBI o plusvalía municipal.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here