Coste medio de 9.500 euros para la obtención de los servicios básicos

0
97

3333

LUIS ROSSI/Chiclana

Las ordenanzas que se están elaborando desde la Concejalía de Diseminado, una Delegación única extraída de Urbanismo, ya están dando cifras para los vecinos afectados por la regularización de viviendas. Un coste medio de 9.500 euros es el dato que ha puesto sobre la mesa la delegada del área, Cándida Verdier, que estima que es lo que puede llegar a costar, a cada vecino, la obtención de los servicios básicos en una primera fase de regularización. En una segunda fase, o urbanización secundaria como la han nombrado, el precio se alzaría a unos 25.500 euros de media. 

La gestión urbanística, según la edil socialista, se divide en dos procesos, uno sistemático, como establece la Ley, y otro asistemático, esto es, procedimientos en los que no hace falta un proyecto de reparcelación, “agrupándose por cuencas o subcuencas e, incluso, pueden hacerse de forma faseada”. De esta forma, existe la posibilidad de que haya una urbanización primaria, es decir, conexión de servicios básicos de luz, agua, alcantarillado y alumbrado público, y una urbanización secundaria, que incluye pluviales, servicios de telecomunicaciones y cerramiento de parcelas entre otros.

Realizando la división de esta forma, “posibilitará que haya grupos de personas que sólo quieran una urbanización primaria y otros que quieran terminar todo el proceso”, ha indicado la delegada de Diseminado, quien ha aclarado que “estos procesos podrán hacerse de forma privada, es decir, los propietarios de las cuencas, o de forma pública por parte del Ayuntamiento”. La legalización de las viviendas también podrá hacerse de forma voluntaria en tres fases, que son inicio, instrucción y resolución.

Verdier especifica algunos ejemplos, del coste previsto de las Ordenanzas de 2011, donde el coste medio de regularización primaria y secundaria en Carboneros era de unos 45.000 euros por vivienda, mientras que ahora es de unos 16.000 euros, en Carrajolilla se ha pasado de 40.000 euros a 21.000 euros, mientras que en Majadillas Bajas se ha pasado de 72.000 euros a 22.000 euros. Cabe destacar que, con estas ordenanzas, el objetivo es reconocer para dar seguridad jurídica a esas construcciones y permitir un proceso de urbanización y legalización de las mismas, según la portavoz del Gobierno socialista.

Verdier aclara que “las Ordenanzas van destinadas a edificaciones construidas sin licencia ajustadas al Plan y que ya no tienen posibilidad de ejercerse sobre ellas la disciplina urbanística, edificaciones que no están ajustadas al PGOU y que tampoco pueden ser derribadas, catalogadas como Asimilados Fuera de Ordenación (AFO), y edificaciones con cédulas de habitabilidad anteriores a 31 de diciembre de 1987”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here